Madre denuncia violencia institucional contra su hija en primaria de Zacatelco

La madre de una estudiante de quinto grado de la primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en Zacatelco, denunció actos de violencia institucional, bullying y posible discriminación cometidos por el profesor Cándido contra su hija. Según declaró, la situación ha escalado desde el inicio del ciclo escolar, afectando gravemente el bienestar de la menor.

Denuncia ante la CEDH y respuesta insuficiente ante la violencia institucional

María, como se identificará a la madre por seguridad, presentó una queja ante la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH). Sin embargo, afirmó que la respuesta fue insuficiente, ya que la Comisión solo se comprometió a buscar una conciliación entre el docente y la familia afectada.

Ante la falta de soluciones, decidió hacer público el caso y denunciar que su hija ha sido víctima constante de humillaciones dentro del aula. Según relató, el profesor utiliza términos despectivos, como llamarla “burra”, cada vez que tiene dificultades para resolver problemas matemáticos. Además, aseguró que el docente incita a los compañeros de clase a participar en los actos de bullying, lo que ha generado un clima hostil para la menor.

“Desde hace tres meses, mi hija ya no puede dormir por el miedo y las burlas constantes que enfrenta en la escuela,” expresó María.

Impacto psicológico y próximas acciones legales contra la violencia institucional

La madre también destacó que el acoso no solo se limita a insultos, sino que el docente ha llegado a compararla con “Frida”, un personaje de una serie digital que es discriminado por su discapacidad. Según María, esta situación ha generado problemas psicológicos graves en la niña.

“Hay más casos similares en esta escuela, y la directora es cómplice al tolerar este tipo de abusos. Muchos padres no denuncian por miedo o porque consideran que la disciplina severa es necesaria,” añadió.

Ante la gravedad del caso, María anunció que acudirá a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para exigir atención y podría interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) por violencia institucional y de género.