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El Congreso del Estado aprueba sanciones severas contra establecimientos de explotación sexual

El Congreso del Estado dio un paso importante en la lucha contra la explotación sexual al aprobar, de manera unánime, nuevas sanciones para quienes permitan la operación de los llamados “giros negros”. Estos establecimientos son conocidos por sus espectáculos eróticos con personas desnudas o semidesnudas. Por lo que se convirtieron en focos de irregularidades y actividades ilícitas.
Ahora, los propietarios, encargados y autoridades que faciliten su funcionamiento enfrentarán penas de prisión de entre seis y 12 años. Además, multas económicas significativas.
La necesidad de combatir la explotación sexual y la trata de personas
Esta iniciativa legislativa fue llevada a cabo por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Esta responde a la creciente preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y niñas en estos lugares.
A pesar de operar bajo la apariencia de legalidad, muchos de estos establecimientos están vinculados con la delincuencia organizada. Cabe mencionar, que sirven como tapaderas para delitos como la trata de personas y la prostitución forzada. También, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Los estudios revelan que las mujeres y niñas que laboran en estos giros son tratadas como objetos sexuales, despojadas de su autonomía y reducidas a bienes de consumo. Esta cosificación perpetúa una violencia sistémica. Lo que las coloca en una posición de dependencia y explotación, donde su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida es completamente ignorado.
Fortalecimiento del marco legal contra la explotación sexual
Aunque ya existían disposiciones en la legislación estatal que prohibían el funcionamiento de estos establecimientos, la nueva medida fortalece el marco legal al establecer sanciones más rigurosas para los responsables de permitir estas actividades.
Además de la prisión, se prevé la clausura definitiva de los giros negros, lo que busca erradicar de manera efectiva este tipo de negocios que representan una amenaza para la seguridad y los derechos de las mujeres en la región.